De los 32 países de América incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2008 de Transparency International (TI), 22 obtuvieron una puntuación inferior a 5 sobre un total de 10 puntos, lo que demuestra un grave problema de corrupción, en tanto 11 países no lograron superar la marca de los tres puntos, lo que indica que existen niveles de corrupción desenfrenados.

Chile y Uruguay comparten el lugar 23 a nivel mundial y el quinto en el ámbito regional con  6,9 puntos. Por sobre ellos están Canadá (1), Estados Unidos (2), Santa Lucía (3) y Barbados (4). Nuestro país marcó una pequeña baja en comparción al informe 2007.

Los resultados reflejan la triste tendencia que ha afectado a la región durante los últimos años y que persiste actualmente. Las iniciativas anticorrupción parecen haberse paralizado en gran medida, lo que resulta especialmente inquietante a la luz de los programas de reforma impulsados por numerosos gobiernos, así como del lugar preponderante que ocupa el tema de la corrupción en la agenda política y las campañas electorales en la región.

No existe una única solución, y el contexto específico de cada país debe ser analizado independientemente. Sin embargo, pueden identificarse algunos factores regionales que continúan afectando la lucha contra la corrupción en América Latina y, en el Caribe.

En los últimos años, el fuerte crecimiento económico que se produjo en la región, que en 2007 superó un promedio del 5%, no ha necesariamente conllevado una reducción de la desigualdad en los ingresos. El Barómetro Global de la Corrupción 2007 de TI (una encuesta a ciudadanos que registra sus experiencias y percepciones de corrupción) y otros estudios llevados a cabo por los capítulos nacionales de TI demuestran que las familias de bajos ingresos suelen pagar sobornos con mayor frecuencia, los cuales consumen los escasos recursos del grupo familiar.

Por ello, Transparency International concentra su labor regional en brindar asistencia a los sectores empobrecidos para ayudarles a superar el obstáculo de la corrupción.

El Informe Global de la Corrupción 2007 reveló que América Latina mostraba los niveles más bajos de confianza en el Poder Judicial, en tanto un 73% de las personas encuestadas en 10 países de América Latina manifestaron que el Poder Judicial era corrupto. La incapacidad de los sistemas judiciales para sancionar a quienes cometen delitos en algunos países fomenta la percepción de impunidad de los sectores poderosos, la sensación de inseguridad entre los ciudadanos comunes y un menor interés por parte de los inversionistas extranjeros.

En términos más generales, en 2004, el 43% de los encuestados para el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina señalaron que esperaban que la corrupción se incrementara en los siguientes tres años; en 2007, este porcentaje ascendió al 54%. Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos actúen con celeridad para alcanzar resultados concretos y visibles. Una de las primeras cuestiones que deben ser abordadas es la deficiencia estructural que permite que redes de personas, tanto lícitas como ilícitas, desvirtúen las políticas públicas para su propio beneficio y pongan en riesgo la calidad del gobierno, así como su capacidad de actuar con miras al bien general.

Estas cuestiones comunes son, aparentemente, determinantes para alimentar la perpetua sensación de que no se logran avances en la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe. Si bien la región ha avanzado notablemente en la adopción de las convenciones y los instrumentos legales contra la corrupción, resulta claro que muchos países aún no aseguran la efectiva vigencia del imperio de la ley.

En el caso de América del Norte, aunque la situación en Estados Unidos es diferente, esto no implica que sea necesariamente mejor. La puntuación de EE. UU., de 7,3 en 2008, ha sufrido un leve descenso durante los últimos años, y su posición en el ranking mundial (18) continúa siendo una de las más bajas entre los principales países industrializados del planeta. Algunos de los factores que inciden en esta situación son la sensación generalizada de que la política financiera debe ser objeto de reforma, y la percepción de que los grupos de presión y ciertos grupos de